En realidad sí hay una relación con la reforma energética, pero no por una lógica de mercado ni por la forma como se concibieron esas leyes, sino por la manera como ésta ha sido implementada.
Al promulgarse la reforma, en diciembre de 2013, se establecieron las fechas de 1 de enero de 2017 para liberar la importación de petrolíferos y 1 de enero de 2018 para los precios. Hasta esas fechas, como desde 1938, PEMEX sería el único que pudiera importar y transportar gasolina y la SHCP pondría los precios al usuario final.
La liberalización de la importación implica un nuevo mercado, donde empresas privadas podrían traer petrolíferos que antes solo traía PEMEX, ofreciendo mejores condiciones para los intermediarios en México y con la posibilidad de trasladar esos beneficios al consumidor final o de incrementar el margen de ganancia para el intermediario.
Hablando del caso específico de la gasolina y el diésel la liberación de su precio supondría que los expendedores tendrían la habilidad de ofrecer gasolina más barata y atraer a más clientes, como lo vemos en USA. La condición para aprovechar ese beneficio era contar con una cadena de suministro más eficiente que la de PEMEX, cosa que no parece difícil en el papel, pero que simplemente no existía por la ley.
Al liberarse el precio sin contar con esas capacidades, lejos de generarse un beneficio para el consumidor, se corría el riesgo de generar un descontrol en el mercado que se tradujera en una subida de precios, por lo menos en lo que los gasolineros le aprenden al nuevo mercado. El gobierno mexicano tenía la obligación de crear condiciones para que esa infraestructura se desarrollara y así evitar ese descontrol en el mercado, o bien, que de todos modos terminara monopolizado, como fue el caso de Telmex hace casi 30 años.
Las acciones del gobierno mexicano y, hay que admitirlo, de nuestra iniciativa privada, para prepararnos para ese mercado, fueron muy tímidas, si no es que nulas. Pero no solo no nos preparamos para el mercado, encima de eso el gobierno decidió adelantar la liberalización, quedando para 2016 la de importación y para marzo de 2017 la liberación de los precios. Curiosamente esto se da después de un viaje de EPN a Houston y "coincide" con un incremento de la inversión en capacidad de refinación en Texas.
La fecha para la liberación del precio ya está encima, a nosotros en Chihuahua nos toca en mayo y simplemente no estamos preparados para evitar un choque, no solo en el precio, sino en el propio suministro. El incremento del primero de enero el que viene en febrero son decisiones fiscales del Gobierno Mexicano, pero tienen 2 objetivos relacionados con la reforma energética: 1) maximizar la recaudación fiscal en el tiempo que les queda para usar la gasolina con esos fines (más allá del IEPS), y 2) reducir el impacto que va a generar la liberalización del precio como resultado de una pésima implementación de la reforma energética, sobre todo siendo 2018 un año electoral, factor en el que no se pensó, al parecer, cuando se hicieron los calendarios iniciales.
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