El Estado laico y su relación con la iglesia

La libertad de rendir culto a las deidades que cada uno considere sagradas es una de las más importantes libertades que a un ser humano le deben ser reconocidas. Obviamente que, como para cualquier libertad, su límite se encuentra en donde inician las libertades de los demás.

La Constitución Mexicana consagra ese derecho en su artículo 24. La Ley de asociaciones religiosas y culto público reafirma ese derecho, pues solo un Estado laico puede garantizar que ese derecho perdure a través del tiempo.

Felipe Calderón tiene derecho a creer lo que quiera, incluso a creer que Juan Pablo II ya muerto intercederá por los más débiles no habiéndolo hecho en vida, como lo señaló el periodista Jorge Ramos en su blog. Pero el Presidente de México  violó los principios de laicidad del Estado Mexicano al asistir en carácter de Jefe de Estado a un acto  religioso de culto público como claramente lo fue la beatificación de Karol Józef Wojtyła, y como claramente lo prohíbe la ley antes mencionada.

La justificación de la Presidencia de la República, por medio de su página de Internet, fue que el viaje se realizaba en respuesta a una invitación como Jefe de Estado. Desde Los Pinos pretendieron justificarse diciendo precisamente que el viaje era oficial, en incumplimiento flagrante de la ley.

Habrá quien diga que esta no es la primera ni la más grave violación de la Carta Magna por un Presidente, pero los problemas del viaje no paran ahí. El mandatario mexicano pudo haber dado mejor uso a nuestros recursos y sí, pudo haber sacado mejor provecho de este cuestionado viaje.

La relación del Estado Mexicano con la Iglesia Católica es tan vieja como la nación misma. En casi todas las naciones de la Tierra, la iglesia que predica la fé dominante tiene un poder significativo. El poder de las distintas iglesias sobre las sociedades data desde los inicios de la civilización y pretender erradicarla del todo puede resultar tan inútil como pretender erradicar las drogas de la sociedad. En todo caso, lo que puede hacer un pueblo, como lo puede hacer con el tráfico y el uso de las drogas, es acotar su influencia. Al contrario de las drogas, el poder y la presencia de la Iglesia Católica en México pueden ser utilizados por el bien de la sociedad.

La Iglesia Católica es quizá la única institución en México comparable en tamaño y cobertura territorial con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Calderón debería de saber  el valor que eso tiene. Tal como se alió con ese sindicato para cubrir las zonas más apartadas con fines electorales en 2006, así podría buscar aliarse con la Iglesia para cubrir esas mismas zonas y generar en ellas, y en las no tan apartadas, los procesos de cohesión social y participación ciudadana que puedan sacar al país del hoyo en el que se encuentra sumido.

Como jefe de Estado, quien se supone que nos representa tenía la oportunidad de solicitar un espacio en la agenda de su homólogo anfitrión para plantear y discutir los términos de esa colaboración, máxime en el marco de una ceremonia en honor a un personaje de quien se dice que amaba tanto a este país. A cambio de eso, un supersticioso Calderón se doblegó ante Joseph Ratzinger como no lo haría ante ningún otro Jefe de Estado y le suplicó que viniera a México a terminar con nuestro sufrimiento con su sola presencia. Ante tal desatino en las formas, el Pontífice solo pudo responder el saludo y mirarlo como diciéndole que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Cabe hacer notar, por cierto, que mientras visitantes de otros países de habla hispana como el Principe Felipe de España se dirigieron a el Papa en su lengua natal, nuestro Presidente prefirió hacerlo en un inglés no muy Shakespeariano.

El ocupante de Los Pinos no solo desaprovechó la oportunidad de justificar su viaje y hacer rendir nuestro dinero, también dejó ir la ocasión de replantear la relación de la Iglesia Católica con el Estado Mexicano en beneficio de los que lo integramos.

Claro, el boletín de la Presidencia dice que Felipe Calderón viajó como Jefe del Estado Mexicano, no como Estadista.